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Un aumento del 18% en el impuesto predial no es una decisión técnica: es una decisión política, y como toda decisión política tiene que rendirse ante quien la sostiene. Y quien la sostiene, en este caso, no es el concejo, es el vecino.

Antes de discutir cuánto sube el impuesto, hay una pregunta más honesta que nadie hizo esta semana en la sala del concejo: ¿en qué se gastaron los ingresos del predial del año anterior? Sin esa respuesta, todo debate sobre el aumento es un debate incompleto, casi diría un debate deshonesto.

Entiendo que la ciudad necesita recursos. Nadie discute que hay calles rotas, alumbrado por reponer y servicios que reclaman modernización. Pero cargar el ajuste sobre el mismo bolsillo de siempre, sin abrir el libro contable, es pedirle al vecino que confíe a ciegas en una gestión que hasta hoy no ha mostrado voluntad de rendir cuentas con detalle.

El argumento de que el aumento es inevitable por la inflación se cae al primer análisis. La inflación pega igual al que paga el impuesto que al que administra los recursos: la eficiencia del gasto, no el aumento del ingreso, es lo que salva a los municipios que salen adelante. Y en eficiencia, este municipio tiene mucho que demostrar antes de pedir más.

Los dos votos en contra del concejo y la abstención de ayer no son un accidente. Son la expresión de que dentro del propio cuerpo hay conciencia de que se está pidiendo un esfuerzo grande sin haber entregado, primero, un informe claro. La protesta convocada para el fin de semana tampoco es un capricho: es una respuesta cívica a una decisión que se tomó sin diálogo real.

Mi posición es concreta. No me opongo al aumento porque sí. Me opongo a la manera en que se aprobó. Le propongo al concejo tres compromisos mínimos antes de aplicar el ajuste: primero, publicar en detalle el destino del predial recaudado en los últimos dos años; segundo, congelar el aumento para adultos mayores y hogares vulnerables verificables; tercero, someter cada gran obra financiada con estos recursos a una audiencia pública con seguimiento ciudadano.

Un municipio que respeta a sus vecinos no les pide más plata sin antes mostrarles la anterior. Y un vecino que se respeta no acepta pagar el aumento hasta que la respuesta llegue con nombre, apellido y factura.

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Es tentador convertir el aumento del 18% en el predial en una batalla binaria: a favor o en contra. Pero la ciudad merece un análisis un poco más maduro que ese, y el vecino también.

Empiezo por lo evidente: sí, muchos municipios de la región necesitan actualizar su base impositiva. Los precios de los servicios, de las obras y de la propia administración pública no son los mismos que hace tres años. Congelar los ingresos municipales mientras suben todos los costos no es prudencia fiscal, es una receta para el colapso de servicios básicos.

Dicho eso, la manera en que se aprobó este ajuste es discutible. Cinco horas de sesión no son cinco horas de deliberación pública: son cinco horas dentro de una sala donde el vecino no participó. Dos votos en contra y una abstención no son un detalle menor: son la señal de que ni siquiera dentro del concejo hubo acuerdo pleno.

Hay que separar dos cosas. La primera: el monto. Un 18% es alto, pero comparado con la actualización de precios acumulada podría defenderse, si se sostiene con datos. La segunda: el método. Y en el método está el verdadero problema. Aprobar un aumento sin acompañarlo de un plan público de rendición y sin exenciones para hogares vulnerables es un error político, aunque técnicamente sea correcto.

Mi propuesta es intermedia. Aceptar el aumento, sí, pero condicionado a tres cosas concretas: un informe público trimestral sobre en qué se está gastando lo recaudado; un mecanismo automático de alivio para adultos mayores y hogares de menos ingresos; y una revisión al año doce meses después, para evaluar si el aumento cumplió lo prometido o si hubo desvío.

La protesta convocada para el fin de semana no debe leerse como oposición al municipio, sino como una demanda razonable de participación. Un buen alcalde escucha esa demanda y responde con datos. Un mal alcalde la lee como afrenta y se atrinchera.

A los vecinos les propongo también un cambio de mirada. No basta con oponerse al aumento cuando ya está aprobado. La ciudadanía tiene que exigir presencia en las decisiones que se toman antes: en el presupuesto, en las obras, en la rendición de cuentas. Ese es el trabajo cívico que a todos nos toca.

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Cuesta decirlo en un momento de bolsillos apretados, pero es honesto: el aumento del 18% en el predial que aprobó el concejo esta semana no llega tarde, llega justo a tiempo. Y postergarlo un año más habría sido más caro para la ciudad de lo que hoy nos parece este ajuste.

Me explico. Un municipio no es una empresa que puede parar y esperar mejores tiempos. Cada día que pasa hay calles que se rompen, alumbrado que falla, colegios públicos que necesitan mantenimiento y basura que hay que recoger. Cuando los ingresos del municipio no se actualizan, no es que la ciudad ahorre: es que la ciudad se endeuda en silencio con sus propios servicios. Y esa deuda la termina pagando el mismo vecino, pero de peor forma.

Quien paga más con la parálisis del predial no es el vecino de barrio cerrado con seguridad privada. Es el vecino que depende del alumbrado público para volver seguro a su casa. Es la madre que necesita que la ruta escolar del colegio público funcione. Es el adulto mayor que espera que el ambulatorio abra a la hora. Cuando estos servicios se deterioran, quien más sufre es el vecino de menos ingresos, no el más pudiente.

Entiendo la resistencia. Ningún aumento es popular, y menos en un año electoral en el horizonte. Pero decidir con base en la popularidad, no con base en la responsabilidad, es lo que ha llevado a tantas ciudades de la región a un abandono progresivo del que después es imposible salir sin dolor.

Dicho esto, tengo dos exigencias claras al concejo y al alcalde. Primero: el aumento tiene que venir acompañado de un plan público, con obras específicas, plazos y responsables, para que cada peso que ingresa tenga trazabilidad. Segundo: los hogares vulnerables, los adultos mayores y las viviendas de bajo valor catastral tienen que tener un mecanismo automático de alivio, sin trámites tortuosos ni ventanillas hostiles.

La protesta del fin de semana tiene derecho a existir, pero también tiene una responsabilidad: proponer, no solo oponerse. Si la ciudadanía se organiza para exigir mejor rendición y mejor destino de estos recursos, el aumento se convierte en una oportunidad. Si se organiza solo para tumbar la medida, terminaremos como siempre: con más discurso, menos servicios y la deuda silenciosa creciendo.

Mi voto es a favor del ajuste. Y lo digo entendiendo que no me va a hacer más popular. Pero prefiero decir esto ahora que tener que explicar en un año por qué la ciudad se quedó sin capacidad de sostenerse a sí misma.

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El estudio que dice que el 62% de los universitarios usa IA generativa para sus trabajos no es una sorpresa. Es un dato que cualquier profesor honesto ya sospechaba. La noticia real, la incómoda, es la que sigue en la letra pequeña: la mayoría no lo declara.

Ahí está el problema. No en el uso, sino en el silencio.

Que un estudiante use IA para explorar un tema, sintetizar información o mejorar una redacción no es distinto, en el fondo, a que use un buscador, una biblioteca o una tutoría paga. La diferencia es la intensidad y la velocidad. Prohibir la IA en la universidad hoy es tan absurdo como prohibir la calculadora en clase de ingeniería. La discusión debe ser otra.

Lo que sí es inaceptable es que un trabajo firmado como propio no lo sea. Que un ensayo con la firma de un estudiante haya sido escrito, en su mayoría, por un modelo de lenguaje sin que nadie lo sepa. Eso ya no es innovación pedagógica: es fraude, con las mismas palabras y con las mismas consecuencias que el fraude de siempre.

Las autoridades universitarias tienen una responsabilidad urgente y muy concreta. No es prohibir. Es exigir declaración. Cada trabajo académico debería requerir una nota simple al final: qué parte fue asistida por IA, qué modelo se usó, qué prompts. Esto no elimina el aprendizaje, lo protege. Un estudiante que declara honestamente lo que usó puede ser evaluado con honestidad. Uno que oculta el uso, no.

El argumento de que declarar la IA es difícil de verificar es un argumento débil. También es difícil verificar que un ensayo lo escribió realmente el estudiante y no un compañero. La ética académica siempre se sostuvo sobre un pacto de honestidad, no sobre un sistema perfecto de vigilancia. Y ese pacto es lo que hoy está roto.

A los estudiantes les propongo un cambio de mentalidad. Usar la IA no es una vergüenza; ocultar que la usaron sí lo es. Aprender a trabajar con estas herramientas y a rendir cuentas de ese uso es hoy una parte de la formación profesional tan importante como el pensamiento crítico o la capacidad de investigación.

A los rectores les pido concretamente tres cosas. Primero: emitir en los próximos treinta días una guía clara de uso y declaración. Segundo: incluir en cada evaluación una casilla de declaración obligatoria del uso de IA. Tercero: sancionar solo la ausencia de declaración, no el uso en sí. Así se protege lo que hay que proteger: la honestidad académica, no el ego de una autoridad que se niega a entender el presente.

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Cada vez que aparece un estudio como el que reveló que el 62% de los universitarios usa IA generativa para sus trabajos, la reacción pública sigue el mismo guion. Alguien pide una prohibición general. Alguien pide una guía nacional. Alguien propone una comisión de expertos. Y mientras tanto, el problema real se posterga: no hay una regla única porque no hay un uso único.

La IA en un ensayo de literatura no plantea las mismas preguntas éticas que en un ejercicio de matemática. La IA en una tesis de ingeniería, donde el modelo puede sugerir soluciones a un problema técnico, no equivale a la IA en una historia clínica simulada, donde el modelo podría inventar síntomas. Cada facultad, cada disciplina, tiene una relación particular con la herramienta. Y esa relación tiene que discutirla la propia disciplina.

Mi propuesta es concreta y desagregada. En lugar de esperar una directiva rectoral única, cada facultad debería en los próximos noventa días publicar su propio pacto interno con la IA. Un pacto corto, no un tratado. Que responda tres preguntas: en qué usos la IA está permitida sin declarar; en qué usos está permitida siempre que se declare; y en qué usos está prohibida directamente.

Esta descentralización tiene una ventaja que ninguna guía general puede ofrecer: legitimidad. Un profesor de literatura sabe mejor que un rector qué separa la lectura asistida de la escritura suplantada. Un profesor de ingeniería sabe mejor que un decano qué parte del proceso técnico puede aliviarse con IA sin comprometer el aprendizaje. Regular desde la disciplina es regular desde el conocimiento del oficio.

Entiendo la resistencia. Descentralizar es más lento, más disperso y más difícil de comunicar hacia afuera. Una guía única suena más ordenada, más presentable en una rueda de prensa. Pero el orden aparente rara vez resuelve problemas reales. Y el problema real aquí es un cambio profundo en cómo se produce conocimiento, no un episodio de indisciplina masiva.

A los estudiantes, un mensaje directo. La IA los va a acompañar toda su vida profesional. Aprender a usarla con criterio, y a declarar cuándo la usaron, es hoy una parte de su formación tan importante como saber redactar o argumentar. Y esa formación empieza ahora, con honestidad, no cuando el título ya está firmado.

A los rectores, mi último punto. No pierdan estos noventa días en discutir quién dicta la norma general. Descentralicen. Pidan a cada facultad su pacto. Publíquenlos. Y déjense guiar por lo que las disciplinas mismas propongan. La universidad se salva por dentro, no por decreto.

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El debate público sobre el 62% de estudiantes que usa IA en sus trabajos ha caído rápido en una discusión moralista: quién oculta, quién copia, quién hace trampa. Es una discusión cómoda porque nos permite reciclar preguntas viejas —el plagio, la honestidad académica, el fraude— y aplicarlas a una situación nueva sin tener que pensarla en sus propios términos. Es cómoda, pero es equivocada.

El problema no es que los estudiantes usen IA. El problema es que la universidad no les enseña a usarla.

Hay una diferencia enorme, y la mayoría de los que opinan sobre este tema la ignoran: entre usar una IA para escribir un ensayo entero desde cero y usar una IA para revisar un argumento, mejorar una redacción o descubrir aristas de un problema. La primera es evasión del aprendizaje. La segunda es una competencia profesional que en cinco años será tan básica como saber usar una hoja de cálculo. Meter todo en la misma bolsa es una torpeza pedagógica.

Lo que la universidad tiene que preguntarse no es cómo detectar el uso, sino cómo formarlo. Y aquí va mi propuesta concreta: introducir en el primer año de cada carrera un curso corto, obligatorio y con evaluación, sobre uso profesional de IA generativa aplicada a la disciplina. Nada de un curso genérico dictado por el rectorado. Cursos específicos: uso de IA en derecho, uso de IA en medicina, uso de IA en ingeniería civil. Con casos, con límites éticos, con instrumentos concretos.

Este enfoque tiene una consecuencia que a algunos les va a molestar. Si formamos en el uso, tenemos que aceptar que la evaluación cambia. Ya no tiene sentido pedir un ensayo que un modelo puede producir en segundos. Tiene sentido pedir defensas orales, resolución de problemas en clase, portafolios documentados de proceso. El profesor deja de ser el vigilante y vuelve a ser lo que siempre fue: alguien que forma criterio.

Entiendo la resistencia. Cambiar la evaluación implica trabajo, revisión de programas, capacitación docente y presupuesto. Es todo lo que a las burocracias universitarias les cuesta mover. Pero seguir haciendo trabajos escritos evaluables en papel mientras existe una herramienta que los produce en segundos es una forma sofisticada de fingir que nada ha cambiado. Y todo ha cambiado.

Mi mensaje final es a las autoridades universitarias. No pierdan tiempo montando detectores, comisiones y cazas de brujas. Ese camino lo tenemos perdido antes de empezarlo. Inviertan ese esfuerzo en formar, en evaluar de otra manera y en preparar a sus estudiantes para un mundo donde la IA es parte del oficio profesional. La universidad que se atrinchera en vigilar quedará atrás. La que se adelanta a formar será la que forme al profesional del próximo país.

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La noticia de que el festival regional de literatura cancela su edición 2027 no es una noticia cultural. Es una noticia política, y como tal debe leerse. Cuando un gobierno decide no renovar el patrocinio de una plataforma cultural que reunía a miles de lectores, autores y libreros, no está tomando una decisión presupuestaria: está tomando una decisión de país. Está diciendo, con presupuesto en la mano, qué tipo de sociedad quiere construir.

Y lo que está diciendo, en este caso, es que la lectura sobra.

Es fácil ver el ahorro. Cancelar un festival es una línea de menos en el presupuesto, una noticia negativa de una semana, una protesta que se apaga sola. Es mucho más difícil ver el costo. El costo se paga años después, cuando esa generación de jóvenes que iba a descubrir un autor en el festival ya no lo descubre. Cuando la librería del centro cierra porque no tuvo su semana grande de ventas. Cuando el escritor que iba a lanzar su primer libro ya no lo lanza porque no había circuito. Ese costo no aparece en ninguna hoja de cálculo, pero es el costo real.

La cultura no es un adorno del presupuesto. La cultura es la forma en que una sociedad se piensa a sí misma. Un país que sistemáticamente recorta su presupuesto cultural no está siendo austero: está renunciando a pensarse. Y eso lo pagamos todos, no solo los que asistían al festival.

El sector privado tiene también su cuota de responsabilidad. Las empresas que en años buenos aparecían en cada logo del festival, y que en un año difícil desaparecieron sin ceremonia, tienen que ser señaladas. La cultura no puede depender de patrocinios estacionales. O el sector privado entiende que apoyar cultura es apoyar el ecosistema en el que sus propios trabajadores y consumidores viven, o su compromiso es puro marketing de bonanza.

Mi propuesta concreta es doble. Al gobierno regional: reasignar en el próximo mes una partida de emergencia para salvar la edición 2027, aunque sea con formato reducido, y comprometer por ley un piso mínimo de presupuesto cultural inamovible. Al sector privado: firmar compromisos plurianuales, no anuales, para que un ejercicio malo de una empresa no signifique el fin de un festival regional.

Y a los autores, libreros y lectores que hoy protestan, una convocatoria. La cultura no se defiende solo con oficios firmados a la autoridad. Se defiende con presencia, con comunidad, con circuitos que sigan existiendo aunque el festival oficial no ocurra. Sigamos leyendo, sigamos presentando libros, sigamos abriendo librerías. La resistencia cultural no espera presupuesto.

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La noticia me duele en lo personal. He asistido al festival regional de literatura desde su segunda edición, he presentado libros ahí y he visto crecer a lectores jóvenes que hoy son autores. Sé lo que se pierde con la cancelación de la edición 2027. Y por eso mismo creo que este momento merece un análisis honesto, no solo una defensa emocional.

El festival tal como lo conocíamos ya venía dando señales de agotamiento. Cada edición era más cara y más concentrada en la capital de la región. Los autores locales pesaban menos en la programación. Los patrocinios se volvían más grandes y más pocos, lo que dejaba al festival dependiendo del humor presupuestario de tres o cuatro actores. Y las librerías pequeñas, que eran el alma del circuito, cada vez tenían menos protagonismo frente a los grandes stands.

Cuando un modelo cultural depende de un solo evento anual, de un solo lugar y de un puñado de patrocinantes, es un modelo frágil. La pérdida de un patrocinante lo tumba entero. Y eso es lo que pasó.

Mi propuesta no es dejar caer el festival. Es reinventarlo. En lugar de un evento único de una semana en la capital, un festival distribuido en cuatro sedes de la región, cada una con una duración de cinco días, en semanas distintas del año. Los costos se dividen, la programación gana en pluralidad, las librerías locales de cada ciudad tienen protagonismo y ningún patrocinante único puede volver a tumbar la fiesta entera.

Este modelo distribuido tiene además una ventaja política importante. Reparte los recursos, reparte la visibilidad y reparte la responsabilidad. Un gobierno regional o un patrocinante que quiera retirarse solo puede tumbar una sede, no todas. La cultura, para sostenerse, tiene que dejar de depender de un solo actor.

A los organizadores del festival les propongo abrir en los próximos treinta días una consulta pública con autores, libreros y lectores sobre este rediseño. No una consulta simbólica, sino una consulta que efectivamente moldee el próximo festival. Al gobierno regional le propongo destrabar una partida mínima ya no para salvar la edición 2027 en su formato anterior, sino para financiar el piloto distribuido de la nueva edición.

A los autores y libreros que protestan, mi apoyo total y una idea. La protesta legítima tiene su lugar. Pero la propuesta tiene más fuerza. Convirtamos la energía de estos días en un plan concreto que presentemos a la autoridad. Y si la autoridad no responde, hagámoslo nosotros, con menos plata y más comunidad. La cultura sobrevivió cosas peores que un año sin patrocinio.

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Hay decisiones públicas que no son populares y no por eso son incorrectas. Pensar lo contrario es infantilizar el debate público. La cancelación del patrocinio al festival regional de literatura es una de esas decisiones que me obligan a decir algo que no me hará querido en el gremio cultural del que soy parte: en el escenario fiscal actual, priorizar salud, educación básica e infraestructura por encima de un festival es defendible.

Me explico. El presupuesto público no es infinito. Cada peso asignado a un evento cultural es un peso que no va a un hospital, a un colegio o a una carretera. En un año fiscalmente cómodo, sostener todo es posible. En un año de ajuste, tocar la puerta que reclama menos vidas humanas en juego es una decisión coherente. Y la puerta del festival, por doloroso que sea, reclama menos vidas humanas en juego que la puerta del hospital.

Esto no significa que la cultura no importe. Significa que en la escala de decisiones difíciles hay cosas que aguantan un año de postergación mejor que otras. El festival puede volver en 2028 con mejor financiamiento. Un tratamiento oncológico postergado no vuelve.

Dicho esto, la manera en que se tomó y comunicó la decisión sí es criticable. El gobierno regional no puede simplemente cancelar el patrocinio y desaparecer. Tiene la obligación política de explicar públicamente por qué priorizó de esta manera, qué otras partidas también fueron ajustadas y bajo qué criterios se hizo la lista. Sin esa explicación, la ciudadanía tiene todo el derecho a sospechar que la decisión no fue técnica sino ideológica o clientelar.

Mi propuesta al gobierno regional es concreta y sencilla. Publicar en los próximos quince días un informe corto, de una hoja, con los siguientes puntos: cuál es el ajuste total de gasto discrecional este año, qué partidas se recortaron, qué partidas se mantuvieron y con qué criterio se decidió el ranking. Con ese informe en la mano, el debate público deja de ser una discusión de intuiciones y pasa a ser una discusión sobre criterios.

Al sector cultural le propongo también una autocrítica. Depender de patrocinio único, público o privado, es un modelo frágil. Los festivales que sobreviven son los que diversifican sus fuentes: entrada al público con precios accesibles, membresías anuales, patrocinio distribuido en muchos actores pequeños. La independencia cultural cuesta trabajo, pero es la única que no depende del humor del funcionario de turno.

A los autores, libreros y lectores que hoy protestan les digo con respeto: entiendo la indignación, la comparto en parte, pero canalicémosla en dos cosas concretas. Primero: exigir el informe público que el gobierno debe. Segundo: empezar a construir el circuito cultural que sobreviva a la próxima cancelación, sea del gobierno o del sector privado. La cultura autónoma no se pide, se construye.

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